STIA declaró el estado de alerta y advierte con medidas antes del inicio de la temporada en aguas provinciales

El sindicato volvió a reclamar la intervención del Gobierno de Chubut por el conflicto con Conarpesa, Wofco y Agropez por la modalidad de pago a trabajadores clasificadores. Luis Núñez aseguró que también existen diferencias con SOMU y SICONARA y advirtió que, si no hay una respuesta oficial, podrían avanzar con medidas gremiales.

El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) declaró el estado de alerta y movilización en medio del conflicto que mantiene con Conarpesa, Wofco y Agropez, y volvió a pedir la intervención del Gobierno de Chubut ante la proximidad del inicio de la actividad pesquera en aguas provinciales.

Luis Núñez, dirigente del gremio, confirmó que enviaron una nueva nota al gobernador, a la Secretaría de Pesca y a la Secretaría de Trabajo para plantear la situación y anticipó que, si no encuentran una respuesta, evaluarán medidas gremiales.

El planteo cobra relevancia en la previa de la prospección prevista para los próximos días, instancia que antecede al comienzo de la temporada en aguas provinciales.

“Por ahora hemos decretado el estado de alerta y movilización. Estamos esperando a ver qué hace el Gobierno y, si no actúa, con las herramientas legales que tenemos le reclamaremos a la empresa hasta que cese su conducta”, sostuvo Núñez.

El reclamo por el pago de los clasificadores

El eje del conflicto con STIA está en la modalidad utilizada para pagar el trabajo de los clasificadores. Núñez explicó, las empresas pretenden continuar abonando por cajón, mientras que el sindicato sostiene que el convenio colectivo establece el pago por kilo.

“Lo objetivo y lo claro es que tiene que cumplir con la ley. Si no cumple, nosotros vamos a hacer una medida”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la cantidad de kilos que contienen los cajones y reclamó mayores controles. Según su versión, existen disposiciones que establecen cajones de 17 kilos y, ante la falta de balanzas, los trabajadores denuncian que llegan con un peso superior.

Para STIA, esa diferencia termina repercutiendo directamente sobre la remuneración. “Le hacen trabajar más al empleado y le terminan pagando menos de lo que establece el convenio”, señaló Núñez.

El conflicto también alcanza a SOMU y SICONARA

Núñez aseguró además que la disputa no se limita al STIA. Días atrás mantuvo una reunión en Rawson con dirigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), donde analizaron conflictos que involucran a trabajadores de marinería y maquinistas.

De acuerdo con el dirigente, parte de esas diferencias alcanzan a personal de Agropez y están relacionadas con reclamos laborales y judiciales de trabajadores. Núñez atribuyó al empresario Fernando Álvarez Castellano la exigencia de que algunos empleados desistan de acciones judiciales como condición vinculada a la salida de los barcos.

“Esto no es nuevamente un problema con el STIA, es un problema con todos”, sostuvo Núñez al referirse a los conflictos que, según indicó, atraviesan a los tres sindicatos.

Pedido de intervensión provincial

STIA volvió a colocar el foco sobre las autoridades provinciales. La nota remitida al gobernador y a las áreas de Pesca y Trabajo busca que el Ejecutivo intervenga antes de una eventual profundización del conflicto.

Núñez sostuvo que existen herramientas administrativas y legales para actuar frente a eventuales incumplimientos y reclamó que sean utilizadas antes de que la disputa derive en medidas sindicales que puedan afectar la actividad.