La procuradora de fiscalía Melina Leiva advirtió que las amenazas de tiroteo registradas en distintos establecimientos educativos de Puerto Madryn debían ser abordadas como hechos delictivos y no como simples bromas. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal intensificó su presencia en las escuelas con charlas dirigidas a docentes, estudiantes y familias.
“Estos hechos no son bromas, son delitos”, remarcó Leiva al explicar que, desde la mirada judicial, este tipo de acciones encuadran en figuras como la intimidación pública. La funcionaria sostuvo que, aunque muchos casos se originaron en desafíos virales o conductas imitativas en redes sociales, el impacto trascendió lo individual: generó temor, activó protocolos de emergencia y movilizó a toda la comunidad educativa.
Las intervenciones comenzaron tras los episodios registrados en escuelas secundarias como la 790, considerada el epicentro inicial, y se extendieron a otros establecimientos de la ciudad. Según detalló, también se trabajó con padres y adolescentes en encuentros masivos, donde predominó el asombro y el desconocimiento sobre las consecuencias legales de este tipo de acciones.
En paralelo, la fiscalía avanzó con instancias en escuelas primarias, como la Rosa de Corea, donde el abordaje fue adaptado a las edades. En esos casos, se trabajó con alumnos de los últimos ciclos mediante recursos didácticos para explicar la gravedad de lo ocurrido. “Muchos chicos manifestaron miedo por lo que pasó, incluso cuando no fue en su escuela”, señaló.
Uno de los ejes centrales del mensaje institucional apuntó a la responsabilidad penal juvenil. Leiva indicó que se buscó generar conciencia sobre los cambios que comenzarán a regir: “A partir de los 14 años, los menores van a ser responsables por los delitos que cometan”. La aclaración, dijo, apuntó a que tanto estudiantes como adultos comprendieran el alcance legal de estas conductas.
Educación revisa y actualiza los protocolos ante amenazas
Los hechos recientes obligaron además a revisar los protocolos de actuación en los establecimientos educativos. Desde el sistema escolar se implementaron medidas de urgencia y se comenzó a trabajar en una actualización del protocolo vigente, que había quedado desactualizado frente a este tipo de situaciones.
Según explicó Leiva, la activación de estos mecanismos fue clave para responder ante los episodios registrados, que incluyeron evacuaciones y la intervención de fuerzas de seguridad en distintos puntos de la ciudad.
Mientras tanto, las causas judiciales continuaron en investigación. Aunque Leiva no intervino directamente en los allanamientos, confirmó que los casos estaban en trámite y que podrían derivar en procesos penales si se identificaban responsables.
Desde la fiscalía remarcaron que el objetivo inmediato fue preventivo: instalar el tema en las familias, promover el diálogo y evitar que conductas que pueden parecer inofensivas deriven en consecuencias graves. “La idea no era generar temor, sino conciencia”, sintetizó.
