Caso Ángel López: la auditoría al ETI de Comodoro descartó falta de recursos y detectó fallas de organización

El informe final del Superior Tribunal de Justicia concluyó que el Equipo Técnico Interdisciplinario de Comodoro Rivadavia cuenta con personal, infraestructura y herramientas suficientes. La investigación atribuyó las principales demoras a problemas de organización, articulación con el Fuero de Familia y procedimientos internos, y recomendó cerrar la intervención iniciada tras el caso Ángel López.

“En los equipos técnicos no solo se gestionan expedientes; se gestionan crisis humanas.” Con esa definición, la jueza de Cámara María Marta Nieto resumió el desafío que representó la auditoría ordenada por el Superior Tribunal de Justicia sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia, una intervención dispuesta tras el caso Ángel López y en medio de fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento del organismo.

Durante varios meses, la magistrada encabezó una auditoría que analizó recursos humanos, infraestructura, sistemas de gestión, expedientes y la dinámica de trabajo del ETI. El resultado fue un diagnóstico claro: el organismo dispone de los recursos necesarios para cumplir su función, pero presenta problemas de organización, articulación institucional y procedimientos que impactan en los tiempos de respuesta.

La principal conclusión: el problema no era la falta de recursos

Uno de los objetivos centrales de la auditoría fue determinar si las demoras y cuestionamientos respondían a una falta de recursos.

La conclusión fue negativa.

Según el informe, el ETI cuenta con personal suficiente, infraestructura adecuada y herramientas tecnológicas para desarrollar sus funciones. En los últimos tres años incorporó vehículos oficiales, dispositivos móviles para las guardias y mejoras en conectividad.

“La conclusión fue que el Equipo Técnico Interdisciplinario cuenta con los recursos humanos, materiales y de gestión necesarios para cumplir con las funciones para las cuales integra el Poder Judicial”, afirmó Nieto.

La jueza explicó además que la intervención no respondió únicamente al impacto generado por el caso Ángel López.

“El acuerdo plenario surge con posterioridad al caso Ángel y con motivo de cuestionamientos que existían dentro de la comunidad y también de los operadores jurídicos respecto del funcionamiento del Equipo Técnico Interdisciplinario y del Fuero de Familia.”

Para la magistrada, las dificultades detectadas son procedimentales y no estructurales, por lo que el desafío pasa por mejorar la organización y la coordinación entre los distintos actores del sistema.

Las principales falencias detectadas

La auditoría identificó distintos factores que afectan el funcionamiento cotidiano del organismo.

Uno de los más relevantes es el ausentismo a las entrevistas, ya que el 35,26% de los turnos otorgados no llega a concretarse, lo que representa 189 entrevistas perdidas sobre 536 programadas y genera un importante desgaste operativo.

También detectó que el Fuero de Familia solicita con frecuencia actualizaciones de informes técnicos, lo que reduce la disponibilidad para atender nuevos casos.

A ello se suman problemas en la carga y circulación de información entre los juzgados y el ETI, situación que termina provocando demoras innecesarias.

Otro de los puntos observados fue el tiempo que transcurría entre el ingreso de algunos expedientes y la primera intervención del equipo técnico.

“Si uno piensa en una situación de violencia o de riesgo, junio es muy lejos”, señaló Nieto al explicar que los casos más sensibles requieren respuestas mucho más rápidas.

Actualmente, el ETI está integrado por ocho trabajadoras sociales, ocho psicólogas y un administrativo, recibe alrededor de 130 solicitudes mensuales y desarrolla intervenciones cuya duración puede variar entre 22 y 161 días, según la complejidad de cada expediente.

Los cambios que ya comenzaron a implementarse

El informe propone una serie de medidas para optimizar el funcionamiento del organismo.

Entre ellas figuran la implementación de un sistema obligatorio de confirmación de turnos para reducir el ausentismo, la automatización de tareas administrativas, una mayor articulación con otros organismos del sistema de protección de derechos y la creación de una mesa de trabajo permanente con el Fuero de Familia para unificar criterios de intervención.

También recomienda fortalecer el rol de los magistrados en el seguimiento de los expedientes.

“La demanda constante y en aumento del litigio lleva a un corrimiento de la presencia del juez en el caso concreto”, sostuvo la magistrada.

En paralelo, el Poder Judicial proyecta una ampliación edilicia que permitirá dotar al ETI de un espacio propio de 335 metros cuadrados con 22 oficinas individuales, mejorando su capacidad operativa.

Una nueva mirada sobre la capacitación

Otra de las recomendaciones apunta a reforzar la formación de todos los operadores judiciales, aunque con un enfoque más amplio.

“Cuando hablamos de capacitarnos en perspectiva de vulnerabilidad, es entender que hay muchas vulnerabilidades, no solamente la perspectiva de género”, explicó Nieto.

La magistrada sostuvo que esa mirada debe incluir especialmente a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

“Los adultos mayores muchas veces tienen sus derechos vulnerados y no tienen a quién acudir”, ejemplificó.

El cierre de la intervención

Tras completar las cuatro etapas previstas en el Plan de Intervención, María Marta Nieto recomendó al Superior Tribunal de Justicia dar por finalizada la auditoría sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario de Comodoro Rivadavia.

Con esa decisión, el seguimiento del organismo quedará en manos de la Coordinación Provincial de los Equipos Técnicos y de los mecanismos habituales de control institucional, mientras comienzan a implementarse las medidas propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema.