La Fiscalía investiga una presunta asociación dedicada a otorgar préstamos usurarios y luego utilizar amenazas, extorsiones y violencia para quedarse con los bienes de personas en situación de vulnerabilidad. Dos hombres fueron imputados y la investigación podría alcanzar a más involucrados.
Lo que comenzó como dos denuncias aisladas terminó revelando un patrón que la Fiscalía de Puerto Madryn considera mucho más grave. Las víctimas no se conocían entre sí, pero describieron un mecanismo prácticamente idéntico: préstamos de dinero, intereses que crecían de manera desmedida y amenazas cada vez más violentas cuando dejaban de pagar.
“Nos encontramos con un modus operandi similar. Las víctimas estaban totalmente desvinculadas entre sí y logramos establecer, en este inicio de investigación, que actuarían como una asociación ilícita”, afirmó la fiscal general Ivana Berazategui, quien lleva adelante la causa junto al fiscal Cristian Coto.
Según la investigación, los imputados prestaban dinero de manera habitual y, ante el incumplimiento de alguna cuota, comenzaban las intimidaciones para obligar a las víctimas a desprenderse de sus bienes.
Uno de los episodios más graves tuvo como víctima a un hombre que había solicitado un préstamo de 400 mil pesos. La Fiscalía sostiene que la deuda fue aumentando hasta llegar a 20 millones de pesos y que, en ese contexto, fue obligado a firmar un poder para vender su vivienda.
“O firmás un poder para que vendamos tu casa o no volvés a tu casa”, relató Berazategui al reconstruir una de las amenazas denunciadas.
La fiscal también reveló que la víctima aseguró haber visto la culata de un arma de fuego mientras era intimidada.
“Te vamos a pegar un tiro si no me pagás”, fue la advertencia que, según la denuncia, recibió antes de ser obligado a firmar la documentación.
La operación inmobiliaria ya había avanzado con un boleto de compraventa y una reserva, aunque la escritura finalmente fue frenada por intervención de la Justicia.
El segundo hecho investigado involucra a otra persona que había pedido un préstamo de un millón de pesos. Cuando manifestó que vendería su camioneta para cancelar la deuda, uno de los imputados se llevó el vehículo con la promesa de comercializarlo.
Nunca se lo devolvió. Según la Fiscalía, además continuó exigiéndole el pago de la deuda.
Berazategui sostuvo que los presuntos responsables elegían deliberadamente a personas que atravesaban una situación económica crítica.
“Son personas humildes, vulnerables, que estaban en estado de necesidad. Se valían de eso para sacar provecho”, afirmó.
La investigación se encuentra en una etapa inicial, pero ya se imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, usura agravada, extorsión, amenazas y hurto. Durante los allanamientos realizados en dos domicilios, la Fiscalía secuestró elementos que, según explicó la fiscal, respaldan la hipótesis de que los acusados se dedicaban habitualmente a otorgar préstamos.
Lejos de considerar cerrado el caso, Berazategui advirtió que el expediente podría crecer.
“Cada vez que tomamos una entrevista surgen más situaciones para investigar”, señaló.
Por ese motivo, la Fiscalía convocó a otras posibles víctimas a denunciar hechos similares.
“Que denuncien, que no tengan miedo. Estamos para investigar este tipo de situaciones. No podemos permitir que se aprovechen de personas vulnerables de esta manera”, concluyó.