La cautelar del Juzgado Federal de Río Grande alcanza a 12 empresas y grupos pesqueros españoles y a siete estructuras empresariales hispano-isleñas. Las compañías deberán informar qué buques operan, con qué licencias y cuánto capturaron.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó el 6 de noviembre que las empresas extranjeras alcanzadas por una demanda colectiva se abstengan de realizar operaciones pesqueras sin autorización argentina en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, incluidas aguas de las Islas Malvinas. La Fundación Agustina Lerena solicitó la medida y dio a conocer la decisión en un comunicado.
La orden comprende las capturas, el procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas. También impide iniciar nuevas campañas de pesca o incorporar embarcaciones a esas operaciones. Según la Fundación, la restricción seguirá vigente hasta que las empresas obtengan autorización argentina o el tribunal disponga lo contrario.
Qué deberán informar las pesqueras
Entre las firmas mencionadas en el comunicado figuran Armadora Nores, Pescapuerta, Marfrío y WOFCO. Las compañías alcanzadas deberán presentar declaraciones juradas con documentación sobre sus buques, licencias, cuotas, capturas por especie y temporada y destinos comerciales.
El juzgado también ordenó preservar los partes de pesca, las declaraciones de captura y los registros satelitales, entre otros documentos. Según el comunicado, el tribunal podrá valorar en contra de las empresas la falta de respuesta o una negativa sin respaldo documental.
Respecto de las firmas argentinas comprendidas en la causa, la jueza pidió a las autoridades pesqueras información sobre sus permisos, cuotas y eventuales actuaciones administrativas. Por el momento, el juzgado desestimó las cautelares solicitadas contra esas compañías.
El reclamo ambiental y económico
Según la Fundación, la jueza examinó informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) sobre especies compartidas o migratorias, como el calamar y la merluza. La entidad señaló que, según la resolución, la explotación de esas poblaciones sin un sistema común de administración y control puede afectar las medidas de conservación.
La demanda, que tramita en el expediente FCR 16446/2026, busca la recomposición ambiental y una reparación por los presuntos daños. La Fundación estimó su reclamo en US$ 26.465 millones a partir de las capturas registradas entre 1989 y 2025. El monto y las eventuales responsabilidades siguen pendientes de una decisión judicial.
Una vez notificadas de la medida provisoria, las empresas extranjeras alcanzadas tendrán diez días judiciales para presentar las declaraciones juradas y la documentación requerida.