El Ministerio Público Fiscal concluyó que no existían elementos para investigar delitos durante las manifestaciones realizadas en junio y julio. El abogado del STIA aseguró que la resolución confirma que se trató del ejercicio del derecho de huelga y consideró que podría tener impacto en el conflicto por los 39 trabajadores despedidos.
La Justicia desestimó las dos denuncias penales que Conarpesa había presentado por las protestas realizadas por trabajadores y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) durante el conflicto laboral que mantiene la empresa en Puerto Madryn.
Según explicó el abogado del sindicato, Carlos Del Mármol, el Ministerio Público Fiscal determinó que no existían elementos para configurar delitos como amenazas, lesiones, violencia o privación ilegítima de la libertad, por lo que resolvió no avanzar con las investigaciones.
Las causas estaban vinculadas con hechos ocurridos el 24 de junio y el 15 de julio, fechas en las que se desarrollaron manifestaciones de trabajadores en el marco del conflicto con la empresa pesquera.
La Fiscalía no encontró elementos para avanzar con la investigación
Del Mármol sostuvo que las resoluciones fueron contundentes al concluir que los hechos denunciados correspondían a una protesta laboral protegida por el derecho constitucional de huelga.
«Se determinó claramente que no había ningún tipo de delito», afirmó.
Según explicó, durante la investigación la propia Fiscalía entrevistó a trabajadores y testigos propuestos por Conarpesa, quienes, de acuerdo con su relato, manifestaron que no existieron agresiones, amenazas ni lesiones.
El abogado aseguró además que el Ministerio Público Fiscal le señaló a la empresa que la vía penal no puede utilizarse para resolver un conflicto de naturaleza laboral.
«No hubo violencia, no hubo amenaza, no hubo lesiones», resumió Del Mármol sobre el contenido de la resolución.
También indicó que las denuncias no llegaron siquiera a la etapa de audiencia porque, desde el inicio, la Fiscalía entendió que no existían hechos que constituyeran un delito.
La acusación por privación ilegítima de la libertad también fue descartada
Uno de los planteos realizados por la empresa sostenía que durante la protesta algunos trabajadores habían quedado privados de su libertad dentro de las oficinas.
Del Mármol señaló que ese argumento también fue rechazado porque existía un acceso alternativo para ingresar y salir del edificio.
«Cuando hay otro medio de ingreso y egreso para los trabajadores, no configura ningún tipo de delito», sostuvo.
El abogado agregó que la presencia policial durante la manifestación también fue considerada en el análisis.
Según afirmó, los efectivos aplicaron el protocolo correspondiente y no intervinieron porque no observaron la comisión de ningún delito en flagrancia.
El STIA afirma que la resolución puede influir en el conflicto por los 39 despedidos
Uno de los aspectos centrales de la resolución, según la interpretación del abogado, es su posible incidencia en el conflicto laboral que continúa abierto por los 39 trabajadores despedidos tras las protestas.
Del Mármol sostuvo que la empresa habría utilizado la existencia de las denuncias penales como parte de la fundamentación de las cesantías.
«Tengo entendido que sí, se les dijo que habían cometido algún tipo de delito, con lo cual este delito ya se determinó que no existió», expresó.
También remarcó que, según su interpretación, las denuncias ni siquiera identificaban con nombre y apellido a las personas que luego fueron desvinculadas.
Por ese motivo consideró que la resolución fiscal podría fortalecer los planteos que actualmente se tramitan en el ámbito laboral, aunque aclaró que esa cuestión corresponde a la Secretaría de Trabajo y no forma parte de su intervención profesional.
El sindicato analiza una posible acción judicial
Mientras continúa la discusión por la reincorporación o las indemnizaciones de los trabajadores despedidos, el STIA evalúa los próximos pasos en el plano judicial.
Del Mármol indicó que la prioridad del gremio sigue siendo la situación laboral de los empleados, aunque confirmó que analizan la posibilidad de impulsar nuevas acciones penales.
«Estamos esperando primero el reingreso de la gente a planta para luego ver cuáles son las medidas penales que se van a tomar», señaló.