Caso Ángel: la marcha por justicia llegó al Obelisco 

El padre de Ángel viajó a Buenos Aires para encabezar una movilización y volvió a apuntar contra las decisiones judiciales que derivaron en que el nene de 4 años fuera enviado a vivir con su madre y su padrastro. En paralelo, una nueva denuncia pone bajo la lupa a las profesionales que elaboraron los informes psicológicos.

Luis López llegó a Buenos Aires junto a Lorena Andrade, la madrastra de Ángel, para participar de la movilización realizada el viernes pasado en el Obelisco. Durante la protesta, Lorena llevó un peluche del Hombre Araña, el muñeco con el que el nene dormía.

Así llegaron el viernes pasado al Obelisco, en Buenos Aires, para encabezar una movilización que reunió a familiares, vecinos y organizaciones que reclaman justicia por el nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia.

“Queremos que los culpables paguen”, dijo Luis antes de la marcha que se realizó el viernes pasado.

El reclamo ya no apunta solamente contra Mariela Altamirano y Michel González, la madre y el padrastro de Ángel, detenidos e imputados por el crimen. Ahora también pone el foco sobre quienes intervinieron en el expediente que terminó con el niño viviendo con ellos.

“Esto no puede quedar así. Mi hijo tenía una familia que lo amaba. Esos cinco meses fueron un infierno”, sostuvo el padre durante la entrevista previa a la marcha.

La movilización comenzó por la tarde frente al Obelisco y continuó con una vigilia durante el viernes pasado. Entre los carteles, una frase se repetía una y otra vez: “Lo mataron con decisiones judiciales”.

La historia que volvió a encender la bronca

Ángel había vivido con su padre y con Lorena hasta noviembre del año pasado. Entonces, una decisión judicial dispuso que pasara a vivir con su madre biológica, Mariela Altamirano, y con la pareja de ella, Michel González.

Cinco meses después, el niño murió.

La autopsia reveló más de 20 golpes en la cabeza. Por el hecho, González está acusado de homicidio simple como presunto autor material de la golpiza. Altamirano, en tanto, está imputada por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, por no haber protegido a su hijo.

Pero para la familia, detrás de esa tragedia hubo una cadena de decisiones que nunca debieron tomarse.

“No me escucharon a mí y no escucharon a mi hijo”, repitió Luis durante la jornada.

Según contó, durante meses intentó advertir lo que estaba ocurriendo. Asegura que el nene tenía miedo, que volvía distinto después de las visitas y que había pedido no regresar.

“La última vez que lo vi fue el 9 de marzo. Ya no era el mismo. Yo lo vi mal”, recordó.

La denuncia que pone bajo la lupa a las psicólogas

En las últimas horas, el caso sumó un nuevo capítulo.

La Fundación Más Vida presentó una denuncia contra las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, dos de las profesionales que intervinieron en el expediente de revinculación.

La presentación cuestiona de manera directa los informes psicológicos que fueron incorporados a la causa y que, según sostienen, tuvieron un peso decisivo para que Ángel fuera enviado a vivir con su madre.

De acuerdo con la denuncia, las conclusiones de las profesionales habrían sido elaboradas con criterios subjetivos y sin una evaluación completa del contexto en el que iba a vivir el niño.

Uno de los puntos más graves señalados es que no se habría analizado en profundidad la vivienda ni las condiciones en las que Ángel residiría.

Según la reconstrucción incluida en la presentación, el lugar presentaba importantes carencias y una situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, eso no habría sido advertido ni reflejado en los informes.

La denuncia también cuestiona cómo se realizaron las entrevistas, qué criterios se utilizaron y si existieron controles sobre esas pericias.

Para la familia, allí está una de las claves de lo que ocurrió.

“La psicóloga me decía que mi hijo estaba bien, que tenía su pieza, su ropa, que estaba contento. Era mentira”, denunció Luis.

También hubo una concentración en Comodoro

En paralelo a la movilización que se realizó el viernes pasado en Buenos Aires, en Comodoro Rivadavia familiares y allegados se reunieron frente al Colegio de Abogados para acompañar el pedido de justicia.

Allí habló Maximiliano, sobrino de Lorena.

“Estamos acá porque queremos que pague la gente que lo llevó y lo condenó a morir. Él era un niño feliz”, expresó.

La convocatoria reunió a vecinos y familiares que llevaron fotos de Ángel y volvieron a exigir que se investigue no solo a los acusados por el crimen, sino también a quienes participaron de las decisiones judiciales previas.

Qué puede pasar ahora

La denuncia presentada por la Fundación Más Vida todavía debe ser evaluada por la Justicia.

Si avanza, podría abrir una nueva línea de investigación sobre el accionar de las profesionales y sobre el funcionamiento del expediente de revinculación.

Eso implicaría revisar cómo se hicieron las pericias, qué informes se tomaron en cuenta y por qué no se detectaron señales de alerta antes de que Ángel fuera enviado a vivir con su madre y su padrastro.

Mientras tanto, Luis y Lorena repiten el mismo pedido en cada entrevista, en cada marcha y en cada cartel.

“Si lo hubiesen escuchado, Ángel estaría con nosotros”.