La presión del gremio judicial, los colegios de abogados y el repudio público forzaron al Superior Tribunal de Justicia de Chubut a revocar las subas salariales irregulares. El conflicto continúa: el Sitrajuch reclama el pago de lo adeudado y una recomposición real para el resto de los trabajadores judiciales.
Los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut debieron dar marcha atrás con los aumentos del 60% que se habían asignado a sí mismos, luego de una ola de críticas, denuncias y pedidos de juicio político que pusieron en jaque la legitimidad del máximo órgano judicial de la provincia.
La decisión llegó tras la presión sostenida de sectores clave: la Asociación de Magistrados, los colegios de abogados de casi toda la provincia (con excepción del de Trelew), y el gremio judicial Sitrajuch, que impulsaron acciones penales y civiles, además de denunciar públicamente las maniobras salariales que beneficiaban únicamente a los ministros.
A diferencia del STJ, el Procurador General y el Defensor General no adhirieron a las acordadas que permitían los aumentos, lo que generó aún más controversia y dejó al descubierto las internas dentro del Poder Judicial.
“La verdad, en parte tuvimos la respuesta que estábamos buscando”, reconoció Pablo Chaparro, secretario general de la seccional Trelew del Sitrajuch. “Nosotros reclamábamos dos cosas: que retrotraigan todas las acordadas y que nos paguen lo adeudado. En la resolución aparecen solo ocho de las acordadas, pero también dicen que van a devolver el dinero. Eso es importante”, destacó.
Sin embargo, desde el gremio aclararon que la devolución parcial no cierra el conflicto. Este martes solicitaron una audiencia con el STJ para avanzar en la discusión de una recomposición salarial real, pero hasta el mediodía no habían recibido respuesta formal. Finalmente, informaron que serán atendidos a las 15 horas por tres de los ministros (los otros se encuentran de licencia médica), aunque el presidente del Superior no estará presente.
“Vamos a escuchar qué propuesta tienen. Nosotros vamos a pedir lo que venimos exigiendo hace rato: que nos paguen todo lo adeudado. Hoy, con el 2,2% que se dio en la Corte, nos están debiendo un 14%, incluyendo lo del año pasado”, explicó Chaparro.
El gremialista también cuestionó el accionar del gobernador Ignacio Torres, quien recién después de varios días se pronunció sobre el escándalo: “El gobernador salió a decir que era un conflicto solo del Poder Judicial. Yo no sé si no estaba interiorizado o si quiso defender a los ministros que él mismo puso, pero tardó mucho en pedir que retrotraigan”.
También apuntó contra el silencio de la mayoría de los diputados provinciales: “Solo Vasconcelos dijo algo. Los demás no se manifestaron, ni siquiera respondieron a la nota que les presentamos. Pareciera que se están cubriendo entre todos”.
En ese clima de desconfianza, Chaparro también lamentó la postura del Colegio de Abogados de Trelew, único que no repudió públicamente los aumentos: “Ellos también son usuarios del sistema judicial, y su presidente mantuvo una posición muy tibia”.
El escándalo por los aumentos “por fuera de la ley” no solo puso en cuestión la ética de los ministros del STJ, sino que dejó expuesta una crisis institucional más profunda, marcada por la falta de transparencia, los privilegios de cúpula y la desatención hacia los trabajadores judiciales.
“El conflicto no está cerrado. Lo de hoy fue apenas un paso. Queremos que se reconozca la deuda y se actúe con justicia”, concluyó Chaparro.
