El vicegobernador, Gustavo Menna, se reunió con funcionarios del Ejecutivo y avanzaron en el diseño de la próxima agenda legislativa

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, mantuvo este miércoles un encuentrocon funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, para abordar los temas que formarán parte de la próxima agenda legislativa. El encuentro tuvo lugar en la Legislatura provincial y se avanzó en la coordinación del trabajo legislativo de enero y la convocatoria a sesiones extraordinarias.

La reunión, que tuvo lugar en la casa de las leyes provincial, contó con la presencia del secretario general de la gobernación, Guillermo Aranda; el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner; el fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y el asesor general de gobierno, Emiliano Chialva. También fueron de la partida el vicepresidente 1° de la Legislatura, Luis Juncos, y el presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann.

En el encuentro se avanzó en la coordinación del trabajo legislativo de enero y la convocatoria a sesiones extraordinarias, habida cuenta de la necesidad de afrontardiferentes proyectos que requieren el aval legislativo para su implementación. En ese sentido, Menna subrayó que “desde que comenzamos la gestión hemos tenido una actividad muy intensa. Hay que destacar que el conjunto legislativo viene desarrollando su trabajo de manera muy decidida, y ese proceso va a continuar en los próximos días”. El vicegobernador dijo también que “somos parte de un proyecto que intenta avanzar en la solución de los numerosos problemas que tiene la provincia, y eso exige del compromiso y el esfuerzo de cada uno desde su lugar. No hay tiempo que perder, y por eso la importancia que desde el poder legislativo se puedan brindar las herramientas que permitan obtener los resultados esperados”.

Por su parte, el ministro Meiszner destacó que “fue un buen encuentro. Es la primera reunión de coordinación para establecer fundamentalmente el ámbito de trabajo en las sesiones extraordinarias que se van a suceder en el transcurso del mes de enero”. El titular de la cartera política, que destacó la buena predisposición de Menna y Hollmann,agregó que “buscamos unificar criterios, y los temas que el Ejecutivo seguramente vaya a buscar incorporar para su tratamiento”.

Como se recordará, la Legislatura había prorrogado las sesiones ordinarias del período 2023, llevando a cabo dos sesiones los días 21 y 27 de diciembre. En la primera de ellashabía sancionado, entre otras normas, dos leyes vinculadas al paquete económico elevado por el Poder Ejecutivo Provincial: la norma que faculta a dicho poder a realizar operaciones de crédito público destinadas al repago de deuda existente o financiamiento o refinanciamiento de obras nuevas o en ejecución; y la Ley de Obligaciones Tributarias para el ejercicio fiscal 2024. En tanto en la última sesión ordinaria del año, el punto destacado fue la aprobación del proyecto de ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del Estado Provincial.

“Nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país”, remarcaron los mandatarios provinciales a través de un comunicado conjunto.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, manifestaron su más firme rechazo a las distintas modificaciones relativas a la actividad pesquera que se encuentran planteadas dentro de la “Ley Ómnibus” que el Gobierno nacional envió recientemente al Congreso.

Respecto al tema, los mandatarios provinciales señalaron tres ejes principales que “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.

Modificación en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos

En primer lugar, Torres y los restantes gobernadores plantearon su preocupación por la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino.

“Hoy por hoy hay miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística, pero con la derogación de dicho artículo nuestros recursos se podrían descargar fuera del país, lo que afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos”, explicaron los mandatarios provinciales en el comunicado.

Competencia desigual en la asignación de cupos de captura

El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos tiene que ver con el Artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos.

“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los mandatarios.

Eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina

Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.

“A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, agregaron los gobernadores en el comunicado.

Consecuencias devastadoras

Los gobernadores señalaron además que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras”.

Además, remarcaron también “la importancia de apoyar una industria pesquera que otorgue valor agregado a las exportaciones, generando empleo local, y dinamizando la economía a través de constantes inversiones destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad del sector”.

En ese sentido, señalaron que “las medidas anteriormente señaladas, aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, teniendo así como resultado “una menor recaudación por parte del Estado Nacional, como consecuencia de la imposibilidad de exportar determinados productos que terminarían resultando antieconómicos”.

Por último, los gobernadores plantearon que: “en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, vamos a tener consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las provincias patagónicas, con los serios perjuicios que esto acarrearía para el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, debilitando asimismo la soberanía económica”.

La ciudad cordillerana de Esquel implementó una nueva tarifaria municipal que afecta directamente a los conductores que infringen las normas de alcoholemia. Las multas, que antes representaban un costo relativamente menor, experimentaron un incremento significativo según la graduación alcohólica detectada en el conductor.

A partir de este año 2024, el valor de un módulo municipal se fijó en $700, lo que tuvo un impacto directo en las multas relacionadas con la alcoholemia positiva. Estos cambios buscan no solo sancionar la conducción bajo los efectos del alcohol sino también disuadir a los conductores de poner en riesgo la seguridad vial.

Los nuevos montos de multa por alcoholemia en el ejido de Esquel varían de $140.000 a $420.000, dependiendo de la graduación alcohólica registrada en el conductor. Los periodos de inhabilitación para manejar también se ajustaron y van desde los 30 hasta los 270 días.

A continuación, presentamos la estructura detallada de las multas:

– Graduación de 0.01 a 0.10: $140.000 y 30 días de inhabilitación.
– Graduación de 0.11 a 0.20: $154.000 y 40 días de inhabilitación.
– Graduación de 0.21 a 0.30: $168.000 y 60 días de inhabilitación.
– Graduación de 0.31 a 0.40: $182.000 y 90 días de inhabilitación.
– Graduación de 0.41 a 0.50: $196.000 y 120 días de inhabilitación.
– Graduación de 0.51 a 0.70: $210.000 y 150 días de inhabilitación.
– Graduación de 0.71 a 1.00: $245.000 y 180 días de inhabilitación.
– Graduación de 1.01 a 1.20: $280.000 y 210 días de inhabilitación.
– Graduación de 1.21 a 1.70: $350.000 y 240 días de inhabilitación.
– Graduación de 1.71 en adelante: $420.000 y 270 días de inhabilitación.

Además de las multas, los conductores infractores deberán cubrir costas adicionales, fijadas en $5.600, así como el costo de la grúa, establecido en $14.000.

El mandatario provincial destacó que el pago se realizará sin adelantos de coparticipación y sin emisión de deuda alguna que pueda afectar a futuro las arcas de la provincia.

Desde la ciudad de Esquel, donde encabezó la primera reunión de Gabinete del año, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, informó que este viernes 5 de enero se realizará el depósito de los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2023, para todos los agentes activos y jubilados de la Administración Pública Provincial.

La erogación presupuestaria asciende a un total de $33.447.000.000, y desde el gobierno del Chubut destacaron que, al igual que lo ocurrido con el medio aguinaldo del pasado mes de diciembre, en esta ocasión el pago también se realizará sin adelantos de coparticipación y sin emisión de deuda alguna que pueda afectar a futuro las arcas provinciales.

En tal sentido, las autoridades del Ministerio de Economía y Crédito Público indicaron que el dinero estará acreditado y disponible a partir del sábado 6 de enero, por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

El diputado avanza con una importante agenda legislativa, este viernes presentó proyecto que busca democratizar la designación judicial y que tanto los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, los demás Magistrados Judiciales, el Procurador General, el Defensa General, los Fiscales y Defensores sean elegidos por el voto de la gente.

Gustavo Fita presentó este viernes un proyecto de enmienda constitucional para que los jueces sean elegidos a través del voto popular. De este modo, lo que busca es que la ciudadanía pueda decidir quiénes ocuparán los cargos de Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Magistrados Judiciales, Procurador General, Defensa General, Fiscales y Defensores. Se trata de una iniciativa similar a la que había presentado en 2017 y busca retomar la discusión.

Al respecto, Fita expresó: “Pedimos que tome estado parlamentario una enmienda constitucional para que se debatan cómo se designan a los jueces en la provincia del Chubut y que se haga a través del voto popular, del voto de la gente». En ese sentido, subrayó la importancia de democratizar la justicia y permitir que la población exprese su opinión sobre quiénes deben liderar el sistema judicial.

Destacó que la constitución actual permite la modificación de dos artículos y llamó a abrir un debate público sobre este tema crucial para la sociedad. «Lo que estamos haciendo es poner el tema sobre la mesa”, enfatizó el diputado, quien ya había presentado una propuesta similar en 2017 y busca retomar la discusión.

Otro punto importante de la agenda legislativa de Fita es la solicitud de modificación del estatuto del Banco Chubut. Propone incluir un requisito esencial para presidir la entidad financiera: contar con cuatro años de residencia en la provincia. Esta medida, según Fita, busca asegurar que quienes lideren el banco sean personas arraigadas en la comunidad chubutense, siguiendo el mismo principio aplicado a los ministros.

«Queremos gente de Chubut que nos gobierne el banco de Chubut», afirmó Fita, enfatizando la importancia de tener funcionarios con conocimiento de la realidad local.

Además, en el ámbito de la salud, Fita presentó un proyecto para avanzar en la regulación del uso del cannabis medicinal. El diputado propone capacitar a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial sobre la legislación vigente relacionada con el cultivo y transporte de aceite de cannabis.

El proyecto surge en respuesta a los inconvenientes que los pacientes enfrentan durante los controles policiales. Fita busca garantizar una verificación rápida y eficiente cuando los pacientes trasladan este tipo de medicina alternativa, asegurando que se cumplan todas las regulaciones en conformidad con la ley.

La ciudad cordillerana de Esquel implementó una nueva tarifaria municipal que afecta directamente a los conductores que infringen las normas de alcoholemia. Las multas, que antes representaban un costo relativamente menor, experimentaron un incremento significativo según la graduación alcohólica detectada en el conductor.

A partir de este año 2024, el valor de un módulo municipal se fijó en $700, lo que ha tenido un impacto directo en las multas relacionadas con la alcoholemia positiva. Estos cambios buscan no solo sancionar la conducción bajo los efectos del alcohol sino también disuadir a los conductores de poner en riesgo la seguridad vial.

Los nuevos montos de multa por alcoholemia en el ejido de Esquel varían de $140.000 a $420.000, dependiendo de la graduación alcohólica registrada en el conductor. Los periodos de inhabilitación para manejar también se ajustaron y van desde los 30 hasta los 270 días.

A continuación, presentamos la estructura detallada de las multas:

– Graduación de 0.01 a 0.10: $140.000 y 30 días de inhabilitación.

– Graduación de 0.11 a 0.20: $154.000 y 40 días de inhabilitación.

– Graduación de 0.21 a 0.30: $168.000 y 60 días de inhabilitación.

– Graduación de 0.31 a 0.40: $182.000 y 90 días de inhabilitación.

– Graduación de 0.41 a 0.50: $196.000 y 120 días de inhabilitación.

– Graduación de 0.51 a 0.70: $210.000 y 150 días de inhabilitación.

– Graduación de 0.71 a 1.00: $245.000 y 180 días de inhabilitación.

– Graduación de 1.01 a 1.20: $280.000 y 210 días de inhabilitación.

– Graduación de 1.21 a 1.70: $350.000 y 240 días de inhabilitación.

– Graduación de 1.71 en adelante: $420.000 y 270 días de inhabilitación.

Además de las multas, los conductores infractores deberán cubrir costas adicionales, fijadas en $5.600, así como el costo de la grúa, establecido en $14.000.