En Argentina, la segregación escolar es elevada, y alcanza sus valores más altos en las escuelas privadas sin subvención. La segregación escolar por nivel socioeconómico implica que los estudiantes de distinto origen social se distribuyen de manera desigual entre las escuelas: los alumnos más vulnerables tienden a concentrarse en ciertas instituciones, y los más favorecidos, en otras, que suelen diferir en calidad educativa y en otras características relevantes. En las escuelas estatales urbanas es donde menor segregación escolar hay, debido a la diversidad socioeconómica dentro de sus aulas.
Los datos surgen del informe “Desigualdad social, ¿desigualdad en las aulas?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Emmanuel Vazquez (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales – CEDLAS), Leyre Sáenz Guillén y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación). Los autores analizan la segregación escolar a partir de los datos del nivel socioeconómico de los estudiantes relevados en la prueba censal Aprender 2021 de 6° grado de primaria.
El documento explica que la segregación escolar es un problema porque puede ocasionar que la escuela reproduzca las desigualdades originadas en la familia y, en consecuencia, reforzar la exclusión. En contraposición, contar con aulas más integradas contribuye a la cohesión social y a la equidad, e incluso podría tener efectos positivos en el aprendizaje al enriquecer la diversidad en el aula.
El informe mide la segregación a través del “índice de disimilitud”, que permite ver qué proporción de estudiantes del cuartil inferior (el cuartil 1, que son los más pobres) deberían cambiarse de escuela para llegar a una distribución igualitaria entre colegios. Ese índice muestra que a nivel nacional, habría que trasladar al 41% de los alumnos del cuartil 1 a otra escuela para alcanzar una distribución igualitaria.
Medida de esta manera, la segregación es mayor en CABA (48%), Santa Fe (44%) y provincia de Buenos Aires (43%), mientras que alcanza menores niveles en las provincias de Santa Cruz (26%), Jujuy (30%) y Tierra del Fuego (32%).
La separación de alumnos entre el sector estatal y privado explica alrededor de un tercio (35%) de la segregación total observada en el país. En las escuelas estatales urbanas hay menor segregación escolar, seguidas por las escuelas estatales rurales y las privadas subvencionadas. En las escuelas privadas sin subvención es donde se observa la mayor segregación.
“Cuando los más pobres se concentran en escuelas a las que no concurren los individuos en una mejor posición económica se genera un tipo de desintegración que tiene profundas consecuencias sobre la sociedad, que van desde la perpetuación de las desigualdades preexistentes hasta la pérdida de cohesión de todo el entramado social”, explica Emmanuel Vazquez, coautor del informe. “Si los individuos más vulnerables de la sociedad interactúan casi exclusivamente con otros individuos en una situación socioeconómica similar, solo estarán expuestos a los modelos de rol y el capital social de este grupo, lo cual puede provocar trampas de pobreza de difícil salida y perpetuar las desigualdades de origen”, asegura.
“¿Por qué debería preocuparnos el problema de segregación escolar en nuestro país? Por un lado, por los posibles impactos sobre los resultados educativos, especialmente para los alumnos más vulnerables. Por otro lado, la escuela está dejando de ser un espacio donde pueden interactuar distintos sectores sociales en condiciones de igualdad, compartiendo valores, saberes y expectativas”, señala Natalia Krüger, investigadora de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y Conicet. Y agrega: “El informe destaca el rol del sector privado en la explicación de este fenómeno, lo cual invita a reflexionar sobre las implicancias de las políticas que incentivan su participación”.
El documento también analiza la “integración extrema”, entendida como la proporción de aulas en las que conviven estudiantes del decil más alto y más bajo de nivel socioeconómico de cada provincia. Los datos muestran que aún hay integración extrema en muchas escuelas, incluidas las privadas, en las que es posible que se encuentren alumnos de estratos sociales extremos.
Santa Cruz (50%) y Tierra del Fuego (49%) son las dos provincias con la mayor proporción de aulas de escuelas estatales con al menos un estudiante de los deciles 1 y 10. En contraste, las proporciones de esta integración son más bajas en las aulas de escuelas estatales de Santiago del Estero (15%), Chaco (19%), Catamarca (19%) y Formosa (19%). Al observar la “integración extrema” en las escuelas privadas, también lideran el ranking Tierra del Fuego (58%) y Santa Cruz (49%), mientras que en el otro extremo se encuentran Corrientes (16%), Tucumán (19%), Salta (19%) y Chaco (19%).
“La educación es una de las principales herramientas, sino la principal, para igualar oportunidades. Además de su rol fundamental en el proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades, la experiencia compartida en las aulas por alumnos de diferentes extracciones sociales promueve la cohesión y la integración social, incrementando las oportunidades de aquellos inicialmente menos favorecidos. El informe llama la atención sobre cómo el deterioro de la calidad educativa en establecimientos públicos podría incrementar la segregación escolar y con ello erosionar gradualmente la contribución del sistema educativo a la igualdad de oportunidades”, advierte Leopoldo Tornarolli, investigador del CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata.
“La segregación escolar representa un problema grave. Sin embargo, la subestimación de sus efectos negativos en el largo plazo –o la dificultad para cuantificarlos– hace que a menudo permanezca ausente de las discusiones sobre política educativa”, sostiene Mauro Moschetti, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para Moschetti, los datos plantean la necesidad de debatir qué medidas de política educativa deberían adoptarse para combatir la segregación escolar: “La implementación de sistemas de matriculación centralizados a nivel provincial que tomen en cuenta el ingreso familiar como criterio de prioridad y sean capaces de integrar la oferta pública y privada subvencionada constituye, entre otras, una alternativa a considerar seriamente”.
