La Legislatura del Chubut aprobó este jueves la ampliación del presupuesto para el año 2024, una medida impulsada por el Poder Ejecutivo. En dialogo con la prensa el diputado oficialista Luis Juncos explicó que esta modificación es una respuesta necesaria a las cambiantes variables macroeconómicas que afectan tanto a los ingresos como a los egresos de la provincia.

En el marco de una nueva sesión ordinaria la Legislatura del Chubut aprobó la ampliación presupuestaria del año en ejercicio. En esa línea el diputado Juncos explicó que el proyecto de ley fue elaborado en respuesta a la situación económica del país, que ha cambiado drásticamente desde la elaboración del presupuesto original en octubre del año anterior. «La realidad cambia rápidamente, y debemos ajustar los parámetros para gestionar la administración pública día a día», afirmó el diputado.
El presupuesto actual, reconducido del ejercicio anterior mediante el Decreto 1 del 2024, verá un incremento del 47% en los ingresos previstos. Este aumento se destinará principalmente a recursos corrientes, necesarios para el funcionamiento del Estado.
La ampliación del presupuesto afectará a los tres poderes del Estado en diferentes porcentajes:
– Poder Ejecutivo: 53% de incremento.
– Poder Judicial: 83% de incremento.
– Poder Legislativo: 20% de incremento.
Juncos destacó que, a diferencia del Poder Ejecutivo, que opera con un presupuesto reconducido, los poderes Legislativo y Judicial tienen presupuestos aprobados en la última sesión del año pasado, lo que justifica la diferencia en los porcentajes de incremento.
Además, el diputado subrayó la política del gobierno de no endeudarse para gastos corrientes, enfocándose en redistribuir los ingresos y reutilizar fondos destinados previamente al pago de deudas. Este enfoque permite afrontar modificaciones salariales necesarias para empleados provinciales con salarios atrasados.
El sector salud, con más de 7 mil empleados, verá la incorporación a planta de 200 personas que trabajaban bajo sistemas precarios. Este ajuste responde a convenios colectivos de trabajo y acuerdos paritarios. Similarmente, en el área de producción, se regularizarán las condiciones laborales de los trabajadores de «la trochita» que antes facturaban bajo un sistema precarizado.
Asimismo, Juncos también resaltó que una de las metas del gobierno es mejorar los salarios docentes, elevando el salario mínimo garantizado desde el último lugar al décimo a nivel nacional. Este avance es fruto del diálogo constante y acuerdos paritarios, que han ajustado las inequidades salariales y otros aspectos establecidos en los convenios colectivos de trabajo.

El diputado provincial del PJ, Gustavo Fita, y la Defensora del Pueblo de Chubut, Claudia Bard, se reunieron para avanzar en una presentación judicial que busca exceptuar del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la CGT, una medida que consideran fundamental en el contexto inflacionario actual.

El diputado provincial del PJ y dirigente de la CGT de Comodoro Rivadavia, Gustavo Fita, se reunió este miércoles con la Defensora del Pueblo de Chubut, Claudia Bard, para avanzar en una presentación judicial que permita exceptuar del impuesto a las ganancias a los trabajadores nucleados en la CGT. Esta iniciativa busca aliviar la carga impositiva sobre los salarios en medio del contexto inflacionario que atraviesa el país.

«Esta mañana me reuní con la defensora del pueblo de Chubut para avanzar en una presentación judicial que nos permita eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores nucleados en la CGT. Se trata de una medida que acordamos en plenario y de manera conjunta con los compañeros Raúl Silva y Luis Nuñez ya que afecta negativamente a nuestros trabajadores, especialmente en el contexto inflacionario que vive el país», declaró Fita.

El diputado argumentó que el impuesto a las ganancias no debería aplicarse al salario, ya que este es el fruto del esfuerzo diario de los trabajadores. «No es justo que mientras los trabajadores luchan por llegar a fin de mes, el Estado les imponga un tributo al trabajo. Duele ver cómo se penaliza a quienes generan riqueza con su labor diaria”, afirmó.

Además, Fita subrayó su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y destacó la importancia de esta medida judicial para aliviar la carga impositiva que recae sobre ellos de manera injusta. «Milei debería reconocer que el salario no es ganancia, sino el sustento de nuestras familias», concluyó.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Claudia Bard, explicó que fue citada por Fita en su rol de dirigente de la CGT para explorar las posibilidades de la Defensoría del Pueblo en hacer presentaciones relacionadas con el impuesto a las ganancias. «Lo estamos hablando también con el gobernador de la provincia y con la Fiscalía de Estado para elegir las mejores herramientas judiciales», detalló Bard.

También enfatizó la preocupación de la Defensoría respecto a los aumentos recientes en servicios públicos y cómo estos, sumados al impuesto a las ganancias, afectan la capacidad de los chubutenses para llevar una vida digna. «Nos parece que tenemos que buscar alguna alternativa de solución», señaló.

La Defensora del Pueblo también destacó los datos del Observatorio de Economía de la Universidad de la Patagonia, que indican que una familia del valle de Chubut necesita más de 1.260.000 pesos para seguir perteneciendo a la clase media y evitar caer en la pobreza. «Si a partir de 1.800.000 te van a cobrar el impuesto a las ganancias, hay un margen muy fino entre una cuestión y la otra», indicó Bard, sugiriendo que se deben considerar modificaciones intermedias al impuesto.

Bard concluyó señalando que sectores como el de los petroleros, bancarios y judiciales ya han hecho presentaciones ante la justicia, y que la Defensoría está analizando estratégicamente los resultados de esas acciones para orientar sus propias medidas. «Creemos que hay muchas modificaciones posibles que deben ser analizadas con más detenimiento», finalizó.

El pasado lunes por la noche, durante un operativo policial en el acceso sur de Puerto Madryn, se confiscó un camión Ford Cargo con acoplado, relacionado con la causa «Hotesur», que involucra a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El rodado, que tenía pedido de secuestro por el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nro. 10, habría sido utilizado para el lavado de activos.

Cerca de las 20:20 horas, durante un control de tránsito rutinario en el puesto 211, personal policial detuvo el camión para verificar la documentación del conductor. Al consultar la patente en el sistema SIFCOP, se descubrió que el vehículo tenía un secuestro activo desde 2019 por una causa federal.

En una conferencia de prensa, el comisario Diego Williams, segundo jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn brindó detalles sobre el procedimiento: «Ayer, en un control de rutina ya diagramado con antelación, se detuvo un camión Ford Cargo. Se le pidió la documentación al conductor, un hombre mayor de edad, y se constató que el vehículo no estaba a su nombre. Al consultar la patente en nuestra base de datos, se supo que el camión tenía un secuestro activo desde el año 2019, relacionado con una causa federal,» explicó el comisario.

El camión está vinculado a la causa «Hotesur», en la que Cristina Fernández de Kirchner y otros están sindicados por infracción al artículo 303 del Código Penal Argentino, que aborda el lavado de activos. Según las autoridades, el vehículo fue utilizado en actividades ilegales relacionadas con esta causa.

El conductor del camión, un residente de Puerto Madryn, presentó una constancia de adquisición del vehículo, aunque no estaba a su nombre. El camión fue adquirido de buena fe, según el conductor, quien desconocía el pedido de secuestro. La persona fue identificada y notificada de la situación, pero no fue detenida ya que no tenía ningún impedimento judicial.

«El camión está depositado en la Comisaría Distrito Cuarta de Puerto Madryn por razones de jurisdicción. Las autoridades confirmaron el secuestro activo del vehículo, que permanecerá incautado hasta que el juzgado interviniente tome una decisión,» añadió el comisario.

Pasará de valer $450 a $700 cada tramo, un duro golpe al bolsillo de los vecinos.

En la ciudad valletana de Trelew, la propuesta de aumentar las tarifas del transporte público de la línea 22 de $450 a $700 ha desatado un intenso debate entre las autoridades locales. Este incremento, aunque significativo, aún no cubriría los costos reales del servicio, según el secretario de Gobierno, Mario Romeo.

Mario Romeo defendió el aumento de la tarifa, señalando que es necesario para mantener la sostenibilidad del servicio. «Es duro pasar de $450 a $700, pero aún así no es el valor que debería ser», afirmó Romeo.

Sin embargo, esta propuesta ha sido recibida con cautela y resistencia por parte de algunos miembros del Concejo Deliberante local. En una entrevista con Patagonia News, el concejal del PJ, Juan Aguilar, expresó su preocupación por la rapidez con la que se está tratando el aumento tarifario.

«El pedido del oficialismo ha sido tratarlo sobre tablas, pero nuestra visión es que este expediente debe pasar a la comisión de Hacienda para un análisis detallado», comentó Aguilar. Explicó que el expediente, que contiene más de 800 fojas, fue recibido el viernes y hasta ahora no ha sido posible analizarlo en profundidad.

El concejal enfatizó la importancia de un análisis detallado y transparente antes de tomar decisiones que afecten a la comunidad. «Se está duplicando el costo del boleto y necesitamos analizar la documentación enviada, el informe del organismo regulador y algunas otras cuestiones que requieren nuestro análisis. Nuestra propuesta es que el expediente pase a la comisión para un tratamiento de al menos 15 días. Esto nos permitirá tomar una decisión informada y considerar todas las variables, incluyendo la estructura de costos y la posibilidad de un subsidio municipal más alto», explicó.

Aguilar también señaló que la concesión del servicio de la línea 22 finaliza en noviembre, y que este es un momento oportuno para evaluar la estructura de costos y el servicio prestado. «Analizar la estructura de costos ahora es muy importante para ver si el servicio actual es útil y dónde hay que hacer ajustes. El tratamiento sobre tablas implica básicamente despojarme de la posibilidad de realizar este trabajo que estamos demandando», concluyó.

El aumento de tarifas del transporte público en Trelew sigue siendo un tema de gran preocupación y debate. Mientras las autoridades municipales buscan soluciones para mantener la viabilidad del servicio, los concejales y la comunidad insisten en la necesidad de un proceso de evaluación exhaustivo y transparente. La decisión final deberá equilibrar la sostenibilidad financiera del servicio con la capacidad de pago de los usuarios, en un contexto económico cada día más complejo.

También se incautó un teléfono celular y se identificaron a siete personas. Los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por un violento robo a una vecina.

La Policía del Chubut, a través de la División Policial de Investigaciones de Trelew, realizó tres allanamientos y registros domiciliarios en distintos puntos de esa ciudad, en los que identificó a siete personas y secuestró un arma de fuego, municiones de distintos calibres y un teléfono celular.

Los procedimientos están relacionados con una causa originada en la Comisaría 4° de Trelew por «abuso de arma de fuego» y «daños» que tuvieron a una mujer como damnificada.

Para los operativos, se contó con la participación del GEOP y la Policía Científica que realizó distintas pericias en cada uno de los domicilios.

Los resultados fueron informados al Ministerio Público Fiscal y a las autoridades judiciales locales, quienes autorizaron las medidas.