A un mes del crimen del niño de 4 años, cientos de vecinos marcharon para pedir justicia y cuestionaron las decisiones que derivaron en su restitución familiar.
A un mes del crimen de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que murió tras sufrir múltiples traumatismos, cientos de vecinos volvieron a movilizarse en Comodoro Rivadavia para exigir justicia. La marcha estuvo atravesada por el dolor, pero también por un fuerte cuestionamiento al sistema de protección de niñez y a las decisiones que terminaron alejándolo del entorno donde era criado.
Con carteles, velas y aplausos, familiares, amigos y organizaciones sociales recorrieron las calles de la ciudad reclamando prisión perpetua para los detenidos y pidiendo que el caso no quede solamente reducido a las responsabilidades penales directas.
Actualmente permanecen con prisión preventiva la madre del niño, Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michael Kevin González, ambos imputados en la causa.
“Lo condenaron a morir”
Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el testimonio de Lorena Andrade, la mujer que cuidó y crió a Ángel antes de que fuera restituido a su madre biológica.
Frente a los presentes, expresó el dolor que atraviesa desde la muerte del pequeño y apuntó contra las decisiones institucionales que antecedieron al hecho.
“Queremos perpetua para todos, no solo para esos dos”, manifestó.
Luego agregó: “La sangre de Ángel también está en manos de quienes debían protegerlo”.
Con la voz quebrada, recordó escenas cotidianas que ya no volverán a repetirse.
“A mí nadie me va a devolver a Ángel. No lo voy a poder llevar más al jardín, ni a la plaza. Ya no va a ir a la cancha los domingos ni jugar con sus juguetes”, dijo.
También sostuvo que el niño “fue condenado a morir” y cuestionó que haya sido apartado del entorno donde, según relató, tenía contención y vínculos afectivos.
Un reclamo que apunta al sistema
La movilización dejó expuesto el malestar social que generó el caso en Comodoro Rivadavia. Durante la marcha hubo críticas hacia el funcionamiento de los organismos que intervienen en situaciones de vulnerabilidad infantil y pedidos para revisar los mecanismos de revinculación y seguimiento.
Sin mencionar nombres propios de funcionarios o profesionales, muchos de los asistentes coincidieron en que hubo señales previas que no fueron advertidas o no recibieron la atención necesaria.
“Esto no puede volver a pasar”, fue una de las frases que más se escuchó durante la convocatoria.
Mientras la investigación judicial continúa, la querella encabezada por el abogado Roberto Castillo adelantó que solicitará prisión perpetua para ambos imputados.
A un mes del crimen, el caso de Ángel sigue generando una profunda conmoción en la ciudad y volvió a poner en debate el rol de las instituciones encargadas de proteger a las infancias.
