La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Chubut anunció un pedido formal de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidán, y denuncias penales contra los otros cinco integrantes de la máxima corte provincial. El sindicato SITRAJUCH acompaña el reclamo.
El Poder Judicial de Chubut atraviesa uno de sus momentos más críticos. La Asociación de Magistrados y Funcionarios, que nuclea a jueces, fiscales y defensores públicos de toda la provincia, informó que solicitará el juicio político del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Javier Raidán, y que también presentará denuncias penales contra los otros cinco ministros que integran la Corte provincial.
El motivo, según la Asociación, está vinculado a una serie de decisiones administrativas que vulneran principios de transparencia y equidad, entre ellas la compra de camionetas, designaciones arbitrarias, beneficios personales y aumentos exclusivos para los ministros del STJ, en un contexto de reclamos salariales no resueltos por parte de la planta judicial.
“Un abuso de poder”
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH) respaldó el pronunciamiento de los magistrados. En diálogo con Patagonia News, Pablo Chaparro, delegado de la seccional Trelew, afirmó: “Era algo que también estábamos evaluando como sindicato. Este accionar del STJ es un abuso de poder con recursos públicos. Lo que pedimos es que den de baja todas las acordadas que solo los beneficiaron a ellos, mientras al resto nos niegan lo que nos corresponde”.
Entre los beneficios cuestionados, Chaparro mencionó la compra de vehículos oficiales, alquileres de propiedades, entrega de indumentaria para choferes y nuevos secretarios, y aumentos salariales selectivos. “Mientras a los trabajadores se nos sigue debiendo retroactivos, ellos se autorizaron gastos que no se pueden justificar en un Poder Judicial en crisis”, denunció.
El sindicalista también señaló que el diálogo con el Superior Tribunal está completamente roto y que la última reunión pactada fue bloqueada por los propios ministros, que cerraron con rejas la sede judicial en Rawson para evitar el ingreso del gremio. “Nos cerraron las puertas. Literalmente. No quieren escuchar a nadie”, sostuvo.
Estado de alerta
SITRAJUCH continúa en estado de alerta, aunque sin medidas de fuerza activas debido a la imposición de una conciliación obligatoria de dudosa legalidad. “La Secretaría de Trabajo, que ni siquiera tiene competencia sobre nosotros, intenta frenar cualquier acción. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, advirtió Chaparro.
Con las instituciones judiciales enfrentadas públicamente, el conflicto no solo expone una crisis interna sin precedentes en la justicia chubutense, sino que abre un debate sobre el uso de los recursos públicos y la independencia de los órganos de control en la provincia.