La crisis en Red Chamber Argentina amenaza la estabilidad laboral de 600 trabajadores en Puerto Madryn, luego de que el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, decidiera cancelar el contrato de arrendamiento de la empresa. La compañía denunció que esta medida atenta contra la seguridad jurídica y desalienta la inversión extranjera en la provincia.
Incertidumbre laboral para 600 familias
La decisión del gobierno provincial ha generado gran preocupación entre los empleados de la planta de procesamiento de Red Chamber en Puerto Madryn. La empresa asegura que, en los últimos diez años, ha invertido en la restauración de barcos, la ampliación de su infraestructura y la generación de empleo, beneficiando directa e indirectamente a más de 2.000 familias.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) también expresó su preocupación y exigió garantías laborales. Luis Núñez, secretario general del gremio, solicitó un informe detallado a la Secretaría de Pesca sobre la situación contractual de la empresa y mantiene reuniones con las partes involucradas para encontrar soluciones.
Denuncia de inseguridad jurídica
Desde Red Chamber Argentina, su presidente, Marcelo Mou, advirtió que la falta de cumplimiento de contratos genera un clima hostil para la inversión extranjera. Según la compañía, la decisión de Arbeletche ignora acuerdos firmados previamente y podría derivar en una crisis similar a la de Alpesca, empresa que dejó a miles de trabajadores sin empleo y cuyos activos fueron abandonados.
La empresa también criticó la falta de diálogo con el gobierno provincial, asegurando que intentó en múltiples ocasiones actualizar el canon locativo y poner en operación nuevos barcos sin recibir respuesta. En este contexto, la firma inició acciones legales y diplomáticas para defender sus inversiones y garantizar la continuidad de sus operaciones en Chubut.
Contexto del conflicto
El problema de fondo radica en la falta de una definición judicial sobre la expropiación de los bienes de la ex Alpesca, lo que ha permitido al Estado arrendar estos activos a empresas privadas, generando incertidumbre tanto en los contratos como en el empleo de los trabajadores.
Arbeletche sostiene que Red Chamber incumplió con la utilización de permisos de pesca y con la incorporación de los puestos laborales comprometidos, lo que llevó a la decisión de no renovar el contrato. Mientras tanto, el STIA se mantiene en alerta y continúa negociaciones con el gobierno y la empresa para proteger los puestos de trabajo.
