La verdad tras la “Masacre de los Pingüinos”

Esta mañana, en la audiencia de impugnación celebrada ante la Cámara de Apelaciones, la defensa de Ricardo La Regina presentó una sólida argumentación que pone en duda las acusaciones sobre lo ocurrido en Punta Tombo, popularmente conocido como la “Masacre de los Pingüinos”.

Federico Ruffa, abogado defensor de La Regina, expuso que el proceso judicial contra su cliente se caracterizó por una serie de irregularidades legales y por la falta de pruebas contundentes que acreditaran que se mataron pingüinos o se destruyeron sus huevos. Según Ruffa, desde el comienzo del juicio, el proceso estuvo marcado por un enfoque torcido que no se ajustó a las garantías constitucionales ni a los principios de justicia debido.

La defensa de La Regina no niega la importancia de proteger el medio ambiente, pero se mostró crítica con los procedimientos que, según afirma, fueron guiados más por intereses políticos y mediáticos que por una verdadera justicia. En este sentido, Ruffa subrayó que las acusaciones estaban basadas en inferencias sin sustento real. Durante toda la audiencia, insistió con contundencia: “No murió ni un pingüino y no se rompió un solo huevo”, dejando en claro que no existe evidencia de los hechos que se les imputan.

Uno de los puntos más controvertidos fue la alegación de que 35 pingüinos y entre 50 y 70 huevos fueron aplastados por una máquina en un terreno de solo mil metros cuadrados. Según la sentencia, los animales habrían desaparecido completamente sin dejar rastro alguno, ni huellas de guano ni plumas. Sin embargo, Ruffa cuestionó la plausibilidad de tal afirmación. “La idea de que toda esta masa corporal desaparezca en solo cinco horas, sin dejar rastro alguno, es irreal”, afirmó el abogado.

Además, Ruffa destacó las múltiples irregularidades durante el proceso judicial, que comenzaron con la decisión inicial de no suspender el juicio, a pesar de que existía un artículo del Código Procesal que exigía esta suspensión en ciertas circunstancias. También mencionó que durante la instrucción del caso se violaron garantías constitucionales fundamentales, como el derecho a la intimidad, con una invasión a la propiedad privada sin autorización judicial. Todo esto, para Ruffa, formó parte de un proceso viciado y en contra de los intereses de su cliente.

Una de las grandes críticas de la defensa fue la forma en que organizaciones internacionales, como Greenpeace, politizaron el caso. Según Ruffa, muchos de los actores que impulsaron el caso en los medios no estaban realmente interesados en la justicia, sino en crear un precedente que les permitiera presionar por una legislación más estricta en cuanto a la protección del ambiente. “Es un tema más de imagen que de verdadera justicia”, declaró Ruffa. Y agregó que las acusaciones no solo afectaron la vida de La Regina, sino también la de su familia y los trabajadores rurales, quienes, según el abogado, siempre convivieron en armonía con la fauna de la región.

Ruffa concluyó su intervención diciendo que, si el juicio hubiera sido llevado ante un jurado, el resultado habría sido completamente diferente. “La defensa de La Regina tiene argumentos sólidos y pruebas que refutan las acusaciones. Si este juicio se hubiera tratado con el debido proceso y sin los prejuicios mediáticos, el veredicto habría sido otro”, aseguró el abogado.