En un fallo que marca un duro revés en la gestión del presidente Javier Milei, la Cámara Nacional del Trabajo suspendió este miércoles la polémica reforma laboral incluida en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70/23. La decisión surge como respuesta a un planteo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), cuestionando varios puntos del título 4 del mencionado decreto.
Los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior respaldaron la medida cautelar que suspende la aplicabilidad de las disposiciones del Título IV Trabajo del DNU 70/23 hasta que se dicte sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo planteada por la CGT. Por otro lado, la jueza Dora González, en disidencia, solicitó que el expediente sea remitido a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, respaldando la petición del fiscal.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma laboral impuesta por Milei incluye la ampliación del período de prueba a 8 meses, la consideración de bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido, y modificaciones en el sistema de indemnizaciones.
En el marco del expediente iniciado por la presentación de la CGT, el tribunal de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tomó la decisión de suspender temporalmente las reformas laborales, alegando la necesidad de esperar una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Esta medida cautelar puede ser apelada, pero por ahora, la reforma laboral queda suspendida.
El fallo se produce después de semanas de tensiones y debates sobre la legalidad y la constitucionalidad del DNU, que abarcaba diversas áreas, incluida la reforma laboral. La CGT había presentado su amparo alegando que estas reformas vulneraban derechos fundamentales de los trabajadores.
Es importante destacar que la suspensión dictaminada por la Cámara Nacional del Trabajo se refiere únicamente a las reformas laborales del DNU, dejando vigentes las demás disposiciones del mismo. Esto plantea incertidumbre sobre el futuro de estas medidas, ya que se espera que el Gobierno apele la decisión, llevando el caso a instancias superiores, posiblemente hasta la Corte Suprema.
