La presentación judicial apunta contra una integrante del Servicio de Protección de Derechos de Comodoro Rivadavia. La acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público, abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica.
A un mes de la muerte de Ángel López, el niño de 4 años cuyo caso conmocionó a Comodoro Rivadavia y tuvo repercusión nacional, la investigación sumó un nuevo capítulo judicial: la querella denunció penalmente a la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD), por su intervención en el proceso de revinculación con la madre del menor.
La presentación fue realizada por el abogado Roberto Castillo, representante de la familia paterna de Ángel, quien acusó a la profesional de haber tenido “un rol preponderante” en las decisiones que derivaron en el regreso del niño al entorno donde finalmente murió.
La denuncia atribuye a Leiva los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad en informes técnicos y abandono de persona seguido de muerte, una de las figuras más graves contempladas por el Código Penal.
“Blindó institucionalmente el caso con medidas cautelares irrisorias e informes que no se condicen con la realidad”, sostuvo Castillo al confirmar la presentación judicial.
El foco puesto sobre el sistema de protección
El planteo de la querella no apunta únicamente a una responsabilidad individual, sino que vuelve a poner bajo cuestionamiento el funcionamiento de los organismos estatales encargados de intervenir en situaciones de vulnerabilidad infantil.
Según la denuncia, los informes elaborados por Leiva habrían sido determinantes para avanzar en la revinculación entre Ángel y su madre, Mariela Altamirano, pese a los antecedentes y alertas que, según la familia paterna, existían previamente.
Castillo sostuvo que las intervenciones técnicas “carecieron de controles reales” y afirmó que se habrían incorporado en los expedientes afirmaciones “no verificadas”.
“Un profesional que interviene en estos procesos tiene que garantizar que esa criatura va a estar cuidada”, cuestionó el abogado.
En paralelo, la querella pidió la suspensión preventiva de Leiva de sus funciones dentro del SPD y solicitó una serie de medidas urgentes para preservar documentación vinculada a su actuación profesional.
Qué medidas pidió la querella
Dentro de la presentación judicial también se requirió:
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La prohibición de salida del país para la profesional denunciada.
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El secuestro de su legajo personal y profesional.
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El resguardo de informes técnicos realizados durante los últimos dos años.
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La preservación de expedientes de revinculación familiar bajo intervención del equipo técnico donde trabajaba Leiva.
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La designación de un perito psicólogo forense independiente para auditar su actuación.