El partido Alternativa Vecinal criticó al Ejecutivo por habilitar la emisora sin ordenanza del Concejo y alertó sobre posibles vulneraciones a la libertad de expresión en la localidad.
La reciente inauguración de la primera radio municipal de Sarmiento generó fuertes cuestionamientos desde el partido Alternativa Vecinal, que denunció que la apertura se realizó sin cumplir los pasos legales previstos en la Carta Orgánica local. La habilitación, según señalaron, debería haberse formalizado a través de una ordenanza del Concejo Deliberante y no mediante resolución del Ejecutivo.
Desde Alternativa Vecinal remarcaron que la Carta Orgánica Municipal es explícita en su artículo 50, inciso 4, donde establece que la habilitación de una radio municipal requiere la aprobación previa del Concejo Deliberante, órgano que representa la voluntad popular.
“No se trata de un tecnicismo ni de una interpretación nuestra, es el marco legal y claramente se lo ha violado”, afirmó César Cuffoni, dirigente del espacio vecinal.
Además de señalar la irregularidad en el procedimiento, desde el partido cuestionaron la presencia de concejales en el acto inaugural, incluyendo a la presidenta del Concejo. Según plantearon, su asistencia no fue solo protocolar sino que constituyó un aval simbólico al accionar del Ejecutivo.
Matías Prieto, secretario de Alternativa Vecinal, expresó su preocupación por el impacto institucional de este hecho: “Vemos con mucha preocupación que el balochismo, junto al aval de los concejales del PRO —Claudia Torres y Eloy Dorado—, se salteen al Concejo Deliberante”.
Prieto recordó que su espacio presentó un pedido de informes junto a otros bloques políticos para exigir explicaciones formales. También alertó sobre un contexto de tensión con la libertad de expresión en la ciudad: “Nos preocupa que haya medios que han sido cerrados, como el caso de la 102.1 Radio Sarmiento, y que no se respete la independencia de poderes habilitando por resolución lo que necesita debate en el Concejo”.
Desde Alternativa Vecinal advierten que el episodio sienta un precedente preocupante para la institucionalidad en Sarmiento: decisiones tomadas sin consensos ni debate legislativo, que comprometen recursos públicos y políticas comunicacionales claves para la comunidad.