Chubut se encuentra otra vez ante un panorama muy complejo. Y como si hubiera un anuncio superado que pudiera dar vuelta la página oscura que transita nuestra provincia, hoy tratamos de hacer una analogía entre esta maravillosa obra literaria de García Márquez y la realidad económica, política y social que vivimos en carne propia.
La caída estrepitosa de las regalías petroleras sacudió las cuentas públicas: Chubut perdió un 35% de sus ingresos mensuales. Ni hablar del impacto en los municipios, que ven cómo sus recursos se evaporan. Ante este escenario, la gran pregunta que flota es inevitable: ¿volveremos al pago escalonado? La respuesta todavía es incierta, pero el panorama no ayuda.
Para evitarlo, el Ejecutivo provincial pidió autorización a la Legislatura para endeudarse en 650 millones de dólares, una suma sin precedentes en la historia reciente. El objetivo: contener la crisis de ingresos y financiar la transición en un contexto marcado por la incertidumbre.
A nivel nacional, los cimbronazos de la geopolítica mundial —las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China— y las decisiones erráticas del gobierno de Javier Milei no hacen más que empeorar el cuadro. Mientras los países serios cierran sus economías para protegerlas, el presidente argentino se autodefine como “anarcolibertario”. En marzo, la inflación alcanzó el 3,7% y se consolidó un nuevo ciclo de endeudamiento con el FMI. La liberación del cepo, lejos de traer alivio, pulverizó aún más el poder adquisitivo de los salarios.
El caso Chubut
Volviendo a la provincia, el gobernador anunció junto a Pan American Energy (PAE) un plan de reconversión en Cerro Dragón para explotar petróleo no convencional, con una inversión de 250 millones de dólares. Se inaugura así una nueva etapa en la industria hidrocarburífera local.
En paralelo, se activó la reglamentación de la Ley I Nº 810, que crea un nuevo registro para comunidades originarias. Pero más que un reconocimiento, parece un filtro: el Estado provincial se reserva el derecho de definir quiénes acceden a la personería jurídica y bajo qué condiciones. Esta medida, lejos de ser casual, anticipa el impacto de otra ley ya aprobada y en vías de reglamentación: la Ley V Nº 202, que establece el protocolo de consulta previa, libre e informada para los pueblos originarios.
¿Qué implica esto? Que se podrán autorizar programas de prospección y exploración de recursos naturales en territorios indígenas si se realiza ese proceso de consulta. ¿Pero bajo qué criterios, con qué garantías reales, y en qué términos de consentimiento?
Vale recordar que el propio gobernador ha tenido declaraciones polémicas sobre los pueblos originarios, acusándolos de entorpecer el desarrollo productivo. No es menor el contexto en el que estas leyes emergen: un Estado que busca habilitar zonas para la explotación, mientras redefine a su conveniencia los marcos legales que deberían garantizar derechos ancestrales.
Y aunque muchas palabras hoy nos parezcan deshumanizantes, estamos en una época donde la crueldad se puso de moda. Es fácil denostar, estigmatizar y responsabilizar a las minorías históricamente postergadas por los problemas estructurales del país.
Vivimos en la era de los líderes megalómanos. Esperemos que Chubut no repita ese camino.
Nuestra provincia ya se manifestó de forma contundente contra la megaminería… o eso creemos. No podemos hacernos los distraídos cuando recordamos las multitudinarias protestas del 2022 en Rawson. Hubo colectivos llenos, gente encapuchada, una reacción social espontánea… pero también muchas sombras. ¿Quién financió todo eso?
Entre tantas casualidades, una llama especialmente la atención: durante las quemas a edificios públicos, se destruyó la oficina que albergaba pruebas clave de las principales causas de corrupción de la provincia. Desde Patagonia News no creemos en las casualidades. Y sospechamos que ustedes tampoco.
Lo más triste es que hoy hay ocho detenidos enfrentando la justicia. Ocho “perejiles” que seguramente participaron de los disturbios, sí, pero que nada tienen que ver con quienes realmente diseñaron la trama que destrozó no solo los edificios, sino también la confianza pública.
