No estamos ante un nuevo 2001, ni existen hoy elementos para afirmarlo. Pero una de las barreras que buscaba evitar que empresas que generan pesos acumulen deudas en dólares acaba de flexibilizarse. Y la historia argentina obliga, como mínimo, a prestar atención.
El Banco Central modificó las reglas del crédito en moneda extranjera y habilitó a las entidades financieras a prestar dólares a personas jurídicas que no encuadran dentro de los destinos admitidos hasta ahora, fundamentalmente vinculados a la generación de divisas.
La Comunicación “A” 8467 establece que estos nuevos préstamos podrán representar, en conjunto, hasta el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada banco. No se trata de una liberación irrestricta, pero sí de un cambio de criterio: una restricción que durante años buscó limitar el endeudamiento en dólares de quienes generan ingresos en pesos acaba de abrir una excepción.
La pregunta inevitable aparece cuando se mira hacia atrás.
Antes de la crisis de 2001, el sistema financiero argentino tenía un elevado grado de dolarización. Los bancos procuraban compensar depósitos en dólares otorgando también préstamos en moneda extranjera, incluso a sectores privados que no estaban adecuadamente cubiertos frente a una devaluación.
Un trabajo del Fondo Monetario Internacional sobre el desempeño de los bancos durante aquella crisis —Banks During the Argentine Crisis: Were they All Hurt Equally? Did they All Behave Equally? (Documento de Trabajo del FMI WP/06/42, 2006)— identifica precisamente esa exposición del sector privado sin cobertura cambiaria como una de las vulnerabilidades del sistema.
La magnitud ayuda a dimensionarlo. Según la Posición de Inversión Internacional del INDEC, a fines de 2000 el sector privado no financiero acumulaba más de USD 40.000 millones de deuda externa —sin contar la inversión extranjera directa—. A eso se sumaba un elevado volumen de crédito bancario local denominado en dólares, frente a exportaciones anuales de bienes y servicios cercanas a los USD 31.000 millones. Buena parte de los ingresos de las empresas, además, se generaba en pesos.
Cuando la deuda sube, pero los ingresos no
El mecanismo de riesgo es sencillo.
Una empresa que vende, cobra y genera su flujo de fondos en pesos, pero se endeuda en dólares, queda expuesta a que una devaluación multiplique el peso de su deuda sin que necesariamente aumenten sus ingresos en la misma proporción.
En principio, el problema es de la empresa. Pero si muchas compañías atraviesan simultáneamente esa situación, puede convertirse también en un problema para quienes les prestaron. El riesgo cambiario del deudor se transforma entonces en riesgo crediticio para el banco.
Ese descalce no explica por sí solo la crisis de 2001. Aquel colapso combinó recesión, problemas de sostenibilidad de la deuda pública, un régimen cambiario rígido y una creciente pérdida de confianza. Pero la exposición en dólares de sectores sin cobertura cambiaria fue una de las vulnerabilidades financieras existentes cuando el sistema finalmente entró en crisis.
Por qué hoy es diferente
Sería incorrecto afirmar que Argentina se encuentra actualmente en la misma situación.
No existe la convertibilidad del uno a uno, el régimen monetario es diferente y la nueva normativa incorpora deliberadamente mecanismos de protección.
El BCRA exige que estos créditos tengan un requerimiento de capital equivalente al 125% del correspondiente a financiaciones comparables, que computen 1,25 veces su exposición a efectos de determinados límites crediticios y que los bancos analicen si el deudor podría continuar pagando frente a diferentes movimientos del tipo de cambio.
El propio diseño de la regulación reconoce, por lo tanto, el riesgo que intenta administrar.
El 15% y la pregunta que queda abierta
Y allí aparece el verdadero punto de atención.
Durante años, la regla procuró evitar que los dólares depositados en el sistema terminaran financiando masivamente a agentes cuyos ingresos no acompañaran una eventual depreciación. Ahora ese límite dejó de ser absoluto.
Hoy es hasta el 15%, con mayores exigencias de capital y controles especiales.
Nada indica que ese porcentaje vaya a aumentar. Pero la apertura introduce un cambio que deberá seguirse de cerca: por primera vez dentro de este nuevo esquema, una parte de los dólares depositados podrá canalizarse hacia empresas que no necesariamente generan ingresos en esa moneda.
La medida también puede movilizar ahorro que permanece dentro del sistema financiero, reducir costos de financiamiento y aumentar la inversión privada, algunos de los objetivos planteados para justificar el nuevo esquema. Reconocer esos beneficios potenciales, sin embargo, no obliga a ignorar los riesgos.
La experiencia argentina demuestra que los desequilibrios financieros rara vez aparecen de un día para otro. Generalmente se construyen durante períodos en los que las decisiones que los originan parecen funcionar.
Por eso, la discusión no debería reducirse a si esta medida “provocará otro 2001”. Plantearlo de esa manera sería exagerado y, con la información disponible, imposible de sostener.
La pregunta es más precisa: ¿Argentina está dando un primer paso para volver a naturalizar que empresas que producen pesos se endeuden en dólares?
Hoy existen límites claros y cortafuegos prudenciales. El desafío será observar cómo funciona esta apertura y si esas barreras se mantienen con el paso del tiempo.
Porque hay algo que la historia económica argentina ya dejó suficientemente claro: una deuda puede permanecer denominada en dólares mientras los ingresos que deben pagarla siguen siendo en pesos.
