El vicegobernador denunció una deuda de 140 millones de pesos generada por la anterior gestión al Instituto de Seguridad Social y Seguros. En contrapartida, Ángel Sierra afirmó “esta fue una discusión que se dio en su momento en la Comisión Paritaria, y los integrantes de la Comisión Paritaria, que eran diputados”.
La mañana de hoy, el vicegobernador Gustavo Menna convocó a una conferencia de prensa que sacudió el escenario político de la Legislatura del Chubut. Menna denunció una deuda significativa generada durante la gestión anterior del Instituto de Seguridad Social y Seguros, alcanzando aproximadamente los 140 millones de pesos. La controversia se centra en la interrupción de aportes y contribuciones desde septiembre de 2022, específicamente relacionados con el fondo solidario, que debe ser gestionado por la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL).
Según Menna, el convenio colectivo establece claramente que el primer aumento salarial se destine al fondo solidario, contribuyendo así a la caja y obra social. Sin embargo, un dictamen legal emitido en septiembre de 2022 redirigió el 100% de este concepto a la entidad sindical, generando la mencionada deuda. Es importante destacar que, según Menna, el expresidente de la legislatura, Ricardo Sastre, no respaldó esta decisión, “de hecho me manifestó que estaba en desconocimiento de que esto ocurriera, como así también de este reclamo, que entró el 7 de diciembre llamativamente”.
Para corregir esta irregularidad, en enero se emitió una resolución cumpliendo con los aportes y se designó una comisión para verificar la deuda determinada por el Instituto. Menna expresó en su conferencia: «A pocos días de asumir, cuando detectamos este reclamo, nos pusimos a la tarea de encontrar si esto era realmente así y el origen de esta deuda».
En respuesta a estas acusaciones, Ángel Sierra, secretario general de APEL, reafirmó que según el Convenio Colectivo de Trabajo, el primer aumento salarial de los trabajadores se destina íntegramente al sindicato. Añadió que la discusión sobre esta práctica tuvo lugar en la Comisión Paritaria debido a la percepción de aportes por incrementos salariales no recibidos por los empleados. Sierra también expresó su inquietud por otros asuntos administrativos y criticó la falta de claridad en la aplicación de la ley de ministerios.
“Esta fue una discusión que se dio en su momento en la Comisión Paritaria, y los integrantes de la Comisión Paritaria, que eran diputados. Evidentemente no se quiere entender cuál es el rango y la importancia que tiene esta comisión para tratar todos estos temas que conciernen a lo laboral con los empleados. Esto se pidió desde la Comisión Paritaria porque entendíamos que en su momento se estaba liquidando mal o se estaban haciendo aportes de algo que el trabajador no percibía”, explicó Sierra.
