El día de hoy, la plaza Independencia de la ciudad de Trelew se convirtió en el epicentro de una contundente manifestación en el marco del Paro Nacional del 9 de Mayo. Allí, trabajadores, sindicalistas y ciudadanos se congregaron para expresar su rechazo a la Ley Base y otras políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional.
Entre los manifestantes, Diego Yáñez y Hugo España, delegados aeronáuticos, destacaron la adhesión total al paro y expresaron su preocupación por la incertidumbre en torno a la votación de la ley base y la posible privatización de Aerolíneas Argentinas. Según sus declaraciones, la aerolínea estatal contribuye significativamente a la economía nacional, aportando el 3.5% del Producto Bruto Interno (PBI) y devolviendo al Estado cinco veces más de lo que recibe, según datos respaldados por la International Air Transport Association (IATA).
Desde el sector educativo, Daniel Murphy, secretario general de ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut), se sumó a las voces de protesta, denunciando la precarización laboral y la falta de recursos en el ámbito educativo. La quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la escasez de presupuesto para infraestructura impactan directamente en la calidad de la educación, advirtió. Además, Murphy hizo hincapié en la importancia de la unidad de todos los sectores en esta lucha.
Por su parte, Claudia Barrionuevo de la CTA Autónoma Trelew-Rawson, resaltó el impacto del paro nacional en la provincia, con sindicatos y trabajadores unidos en la plaza Independencia para exigir un cambio en las políticas de ajuste del gobierno. La ley base y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) son una amenaza a los derechos y la soberanía, mientras que las medidas impositivas afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En diálogo con Carlos “Caíto” Sepúlveda, secretario general del Sindicato de la Salud Pública (SiSaP) de Chubut, destacó el impacto negativo de la ley base en programas de salud pública. Sepúlveda señaló que la legislación afecta gravemente a programas nacionales de VIH, tuberculosis, salud mental, y a los laboratorios públicos de producción de medicamentos, así como a los programas universitarios destinados a personas de bajos ingresos.
