Parece que los chubutenses desde hace algunos años estamos destinados a vivir en constante loop. No importa el color del gobierno que esté dirigiendo los destinos de la provincia. Siempre caemos en la misma discusión: No hay plata, la única alternativa es la minería.
Hoy, la extracción de uranio vuelve a estar en agenda. Técnicamente, no requeriría modificar la Ley 5001, que solo prohíbe la minería metalífera con uso de cianuro. Y trascendidos, la idea ya cuenta con el visto bueno de varios intendentes.
El tema cobró fuerza en el marco del 100° aniversario de Gobernador Costa, donde el gobernador Ignacio Torres reunió a jefes comunales de distintos partidos para plantear la difícil situación económica de la provincia y pedirles acompañamiento. El mensaje fue claro: hay que reducir gastos y buscar alternativas de financiamiento. Un discurso que, con matices, se repite desde hace al menos una década en la política chubutense.
Muchos sostienen que hoy están dadas las condiciones para la explotación de uranio. La crisis económica provincial se agudizó en el último año, especialmente con la salida de YPF de Comodoro Rivadavia y la falta de inversión privada, a pesar de la adhesión de Chubut a leyes nacionales que prometían fomentar el desarrollo.
Pero el problema va más allá de los números. Chubut enfrenta un aumento de la conflictividad social, reflejado en el crecimiento del desempleo y el incremento de los homicidios en Comodoro Rivadavia. En este contexto, impulsar la minería en una provincia con un fuerte rechazo social hacia la actividad no parece una jugada sencilla.
El gobernador parece decidido a recorrer un camino que otros evitaron. Mientras en su momento Mario Das Neves unió a los intendentes contra la minería, Torres buscaría hacer lo contrario: conseguir su apoyo para habilitar la explotación de uranio. Un movimiento arriesgado en una provincia donde el “No a la Mina” marcó movilizaciones históricas, especialmente en Trelew, la ciudad que fue la llave para en su llegada a la Gobernación.
Además, aunque la extracción de uranio sea viable, el procesamiento no podrá realizarse dentro de la provincia, lo que complica el modelo de desarrollo minero que el gobierno intenta instalar.
Pero la realidad de hoy es otra: necesita del gobierno nacional para garantizar liquidez para, entre otras cosas, garantizar el pago a los empleados públicos. Solo en febrero, la masa salarial bruta provincial asciende a $114.800.000.000 de pesos.
Por eso llamó la atención la dureza con la que criticó a la gestión de Javier Milei en la reciente entrega de viviendas en Rawson. Allí, junto al intendente Damián Biss, denunció que «hay cientos de familias estafadas que, con sus impuestos, siguen financiando programas que el Gobierno Nacional eliminó», y advirtió que «vamos a seguir judicializando y reclamando cualquier injusticia que atente contra los intereses de nuestra provincia».
El discurso fue políticamente correcto ante los vecinos, pero deja abierta la pregunta central: ¿cuál es la estrategia real del gobierno de Chubut? Más allá de las críticas, ¿qué alternativa concreta propone Torres para el desarrollo provincial?
El problema de fondo sigue siendo el mismo. Chubut agotó su modelo productivo y no genera nuevas alternativas de crecimiento. Y si hay algo que la sociedad no quiere, es volver a vivir escenarios de conflicto social.
Los chubutenses tenemos derecho a vivir en paz y, sobre todo, a no ser engañados en cada elección. Sin embargo, sin importar el color partidario, seguimos sin un proyecto político serio que transforme la matriz productiva provincial. Pedirle auxilio a Nación ha sido la única política constante de los últimos 20 años.
La pregunta es: ¿hasta cuándo?
