Chubut destinó más de $4.000 millones en una sola agencia de publicidad

El gobierno de Ignacio Torres contrató por más de $4.000 millones a una empresa con antecedentes judiciales por irregularidades en contrataciones con el Estado. Se trata de Smart Consumer S.A., que opera bajo el nombre Prosumia, y que fue elegida para brindar “servicios integrales de comunicación y tecnología digital” durante el 2024 y 2025.

Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut, las contrataciones fueron autorizadas mediante los decretos 676/2024 y 49/2025, y la resolución SGG 21/2025 de la Secretaría General de Gobierno.

Más de $3.000 millones por cinco meses

El contrato más oneroso fue autorizado por la Resolución SGG 21/2025, con fecha de inicio el 1 de enero de 2025. Allí se aprueba la contratación de Smart Consumer S.A. por un monto total de $3.020.245.700 por un plazo de cinco meses, hasta el 31 de mayo.

La resolución establece un anticipo del 50% del total, y el resto dividido en cuatro cuotas mensuales. Es decir, $1.510 millones en pago inicial y luego cuatro cuotas de más de $377 millones cada una.

Dicho contrato fue refrendado por el Decreto 49/2025, firmado por el gobernador Ignacio Torres, que aprueba la contratación directa para el “servicio integral de tecnología digital”, sin precisar detalles sobre los objetivos, productos ni resultados esperados.

Otra contratación millonaria en 2024

Previamente, el Decreto 676/2024, fechado en abril, ya había autorizado una primera contratación directa a favor de Smart Consumer S.A. por $543.400.002, correspondiente al período entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2024. Allí se menciona la prestación de “servicios integrales de comunicación”.

De este modo, entre 2024 y 2025, la misma empresa fue beneficiada con contratos por más de $4.000 millones.

¿Quién es Smart Consumer?

La empresa Smart Consumer S.A. fue creada en 2018 y opera bajo el nombre Prosumia, ofreciendo servicios de “publicidad digital con segmentación de audiencias”. Ha sido contratista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de varios organismos nacionales y provinciales.

Sin embargo, su historial incluye cuestionamientos judiciales por contrataciones públicas irregulares.

Causa judicial en Córdoba: “Quiero mi boleta”

En 2019, durante las elecciones provinciales de Córdoba, Smart Consumer fue contratada por el oficialismo para desarrollar la página web “Quiero mi boleta”, destinada a que los votantes imprimieran una boleta personalizada.

La justicia electoral consideró que la plataforma inducía al voto y violaba la legislación electoral. El juez federal Ricardo Bustos Fierro ordenó dar de baja la página web, al considerar que afectaba el principio de equidad entre los partidos políticos y que se trataba de una maniobra de propaganda digital encubierta.

El fallo —publicado por medios como La Nueva Mañana— obligó al gobierno cordobés a suspender la campaña y retirar la publicidad. Si bien no hubo una imputación penal directa contra la empresa, el caso expuso el uso de herramientas digitales pagadas con fondos públicos para beneficiar a un espacio político en plena campaña electoral.

En contraste con la crisis provincial

Las contrataciones millonarias del gobierno de Torres contrastan con la actual situación financiera que atraviesa Chubut. Mientras sectores como salud, educación y obra pública reclaman aumentos, inversiones y recomposición salarial, el Ejecutivo destina más de $4.000 millones a servicios de comunicación digital, en un contexto donde no hay transparencia sobre el alcance ni el impacto de dichas campañas.

Hasta el momento, no se han difundido informes de gestión ni auditorías públicas sobre los resultados de los contratos con Prosumia, y tampoco se conocieron procesos de licitación abiertos para la competencia de otras firmas del sector.