Alberto Farizo, excandidato a intendente y referente local del Partido Justicialista, fue detenido el domingo pasado en el marco de las internas en Camarones e impedido de votar. La denuncia que derivó en su detención fue presentada y notificada un día antes de los comicios, en la mañana del sábado, a menos de 24 horas de que abrieran las urnas. El hecho plantea un grave interrogante institucional sobre la garantía de los derechos políticos en la localidad.
Camarones, Chubut – La jornada electoral interna del Partido Justicialista en Camarones estuvo marcada por un episodio que abrió un serio debate sobre el uso de herramientas judiciales en el contexto político local. Luis Alberto Farizo, excandidato a intendente y referente justicialista, fue detenido por la policía cuando intentaba ejercer su derecho al voto.
El hecho, según su propio testimonio, no se originó en una denuncia antigua ni en un expediente de larga data: la notificación que derivó en la restricción de acercamiento le fue entregada un día antes de la elección. Esa decisión, afirma, no solo le impidió votar, sino también cumplir su rol como fiscal general de una de las listas que competían.
“El sábado a la mañana me notificaron. Hasta ese momento yo iba a ser fiscal general. Ante esta denuncia, tuve que desistir del cargo y poner a otra persona para evitar problemas”, relató Farizo.
El domingo de la elección
Farizo asegura que intentó hablar con las autoridades policiales para encontrar una solución que le permitiera votar sin infringir la medida. “Fui a la escuela, estaba la intendenta y su esposo. Llamaron al comisario y, en lugar de garantizarme el derecho a votar, me pusieron las esposas y me llevaron detenido”, contó. Permaneció en esa condición desde las 9:30 de la mañana hasta las 18:00, hora en que cerró la votación.
El episodio quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y que, para Farizo, evidencia que su exclusión de la jornada electoral fue deliberada.
Preocupación por la gravedad institucional
Más allá del caso personal, el hecho plantea un interrogante que preocupa por sus implicancias democráticas: ¿qué significa que, en plena jornada electoral, un ciudadano habilitado para votar sea impedido de hacerlo por una medida judicial dictada horas antes?
En este caso, la acción judicial tuvo un efecto inmediato y concreto: cercenar la participación política de un dirigente en una elección interna. Para Farizo, se trató de “una proscripción” que le impidió no solo votar, sino también desempeñar tareas de organización para su espacio político.
En comunidades pequeñas como Camarones, donde todos los vecinos se conocen y las distancias son mínimas, una restricción de acercamiento de 200 metros tiene un impacto enorme en la vida cotidiana. Pero, en este contexto, su aplicación justo en la víspera de una elección interna adquiere un peso institucional que trasciende la disputa personal: la medida impidió el ejercicio de un derecho cívico básico en democracia.
Un precedente preocupante
El caso abre la discusión sobre el uso de mecanismos judiciales en tiempos electorales y su potencial para condicionar la competencia política. La preocupación radica en que este tipo de acciones, si se repiten, podrían instalar un precedente que erosione la confianza en la transparencia de los procesos internos y en la igualdad de condiciones para todos los participantes.
“Soy un referente del PJ en Camarones y la intención fue sacarme del medio. No es solo un ataque personal, es un mensaje para cualquiera que quiera participar activamente en la política local”, afirmó Farizo.
En un país que se define como democrático y republicano, las internas partidarias forman parte del ejercicio pleno de los derechos políticos. Impedir que un ciudadano vote —más aún por una resolución adoptada en las horas previas— plantea un serio desafío institucional que merece ser debatido.
